Reforma a la Ley de Amparo

El 10 de diciembre de 2024, la Cámara de Senadores de México recibió una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, presentada por el Ejecutivo. Este proyecto busca actualizar la legislación secundaria para alinearla con las reformas constitucionales al Poder Judicial publicadas el 15 de septiembre de 2024, derivadas de un proceso de consulta ciudadana y debates electorales. El principal detonante de esta reforma es la necesidad de mejorar la administración de justicia en México, respondiendo a la desconfianza ciudadana en los tribunales y en el desempeño de los juzgadores. Para ello, el Ejecutivo Federal impulsó una reconfiguración de la estructura judicial, estableciendo nuevas instituciones, reduciendo la composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y redefiniendo las competencias del Consejo de la Judicatura Federal. Además, se busca agilizar los procedimientos de amparo, evitando su dilación innecesaria y ajustando los plazos y términos de los juicios.

Antecedentes y contexto
La iniciativa surge tras la aprobación de un paquete de reformas constitucionales impulsadas por el entonces titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, en febrero de 2024. Dichas reformas incluyeron cambios estructurales en el Poder Judicial, como la reconfiguración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y un nuevo método de elección de jueces mediante voto ciudadano directo. Estas modificaciones responden a demandas históricas por una justicia más eficiente y transparente, discutidas en foros nacionales y distritales durante 2024.

El Artículo Octavo Transitorio de la reforma constitucional estableció un plazo de 90 días para adecuar las leyes secundarias, incluida la Ley de Amparo, lo que motivó la presentación de esta iniciativa.

Principales cambios
La reforma introduce modificaciones sustanciales en diversos aspectos de la Ley de Amparo, entre los que destacan:

1. Número de ministros de la Corte: Se reconoce la reducción del número de integrantes de la SCJN de 11 a 9 ministros; sin embargo, hasta el 1 de septiembre de 2025, fecha en que los nuevos ministros electos tomarán protesta, la Corte mantendrá las reglas de votación previas a la reforma.
2. Reconfiguración del Poder Judicial: Se reconoce la creación del Tribunal de Disciplina Judicial para la supervisión del actuar de los jueces y la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por el Órgano de Administración Judicial.
3. Limitación de efectos de las sentencias: Se prohíbe que las sentencias de amparo que declaren inconstitucionalidad de normas generales tengan efectos amplios, evitando así que impacten casos no directamente relacionados.
4. Actualización terminológica: Se ajusta el lenguaje de la Ley de Amparo para incorporar términos como 'Órgano de Administración Judicial' (en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal) y 'Tribunal de Disciplina Judicial', la eliminación de referencias a las Salas de la Corte, además de adoptar un lenguaje incluyente. Asimismo, se remplazan las referencias al salario mínimo por el de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para multas y sanciones.
5. Agilización de procesos: Para combatir la dilación en juicios, especialmente en materia tributaria y de amparo, se reducen plazos legales, se eliminan trámites redundantes y se precisan los tiempos máximos para emitir resoluciones.
6. Elección de jueces por voto ciudadano: En línea con la reforma constitucional, se establece que los jueces federales y locales serán elegidos mediante voto directo, libre y secreto, un cambio que busca democratizar el sistema judicial.
7. Digitalización y acceso a la justicia: Se establece la obligatoriedad de que los expedientes impresos y electrónicos coincidan plenamente para garantizar transparencia en los procesos judiciales. En este sentido, se reconoce la validez de la firma electrónica para la presentación de escritos y notificaciones.
8. Prioridad en juicios de amparo por interés social y orden público: Se otorga facultad al Ejecutivo y al Congreso para solicitar la tramitación prioritaria de amparos en casos de alto impacto social.
9. Revisión del papel de las partes en el juicio de amparo: Se modifica la conceptualización del interés legítimo y la participación de víctimas u ofendidos en los juicios de amparo.

Conclusión
La reforma a la Ley de Amparo representa un esfuerzo por modernizar el sistema judicial mexicano, alineándolo con cambios constitucionales que buscan mayor eficiencia y participación ciudadana. Al redefinir la estructura del Poder Judicial, reducir los tiempos procesales y establecer nuevas reglas para el juicio de amparo, se pretende garantizar un acceso a la justicia más ágil y eficaz. No obstante, estas modificaciones también generan debate respecto a la independencia judicial y el impacto de la elección popular de jueces, lo que requerirá un seguimiento detallado de su implementación. La implementación de estas modificaciones, especialmente la elección de jueces por voto popular, marcará un precedente histórico en la relación entre el Estado y la ciudadanía en materia de justicia.

Ley
La Ley de Amparo y su actualización está disponible para su consulta en el módulo Legislación de Fiscalia, en el apartado Leyes.

Fuente: Fiscalia.com